Oficialmente nombrado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Ingreso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el pacto logrado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018 busca ofrecer garantías en una región con múltiples enfrentamientos ambientales y donde una cantidad enorme de líderes están en riesgo. Países con contextos críticos en esta materia, como Colombia, Brasil o Perú, no lo han ratificado.
Todo empezó con un minuto de silencio en memoria de Berta Cáceres. La lideresa ambiental indígena hondureña que fue asesinada el 3 de marzo de 2016 tras enfrentarse al proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca» en territorios indígenas y denunciar la persecución en contra suya , tanto de la empresa Desarrollos Energéticos SA. (DESA), como de socios del presidente Juan Orlando Hernández. Dos años después , por esa misma fecha, el rostro de Cáceres encabezaba la cima en Escazú, Costa Rica, donde los líderes de 33 países de la región la honraban antes de concebir entre los acuerdos mucho más importantes en materia ambiental del conjunto de naciones.
De ese grupo , 24 países firmaron el compromiso de adhesión, de los que 12 lo han ratificado. El Acuerdo de Escazú entra en vigor este 22 de abril, en el Día de la Tierra, y la mitad de sus signatarios están en mora de ratificarlo.
En 2018, el año en que fue concebido, la organización Global Witness reportó que en 2017 habían asesinado a 201 líderes ambientales por proteger su territorio, un número hasta entonces nueva en los registros de la organización. Cerca del 60% de estos crímenes sucedieron en América Latina y «Brasil registró mayor proporción de homicidos que algún otro país, con 57 personas asesinadas, el 80% de las que fueron matadas mientras que resguardaban las riquezas naturales del Amazonas», dijo en ese momento la organización en el reporte ¿A qué precio?. Por año siguiente (tras firmado el Acuerdo), exactamente la misma organización reportó 167 homicidos de líderes ambientales en el mundo , la mitad en América Latina, y el segundo país mucho más mortífero tras Filipinas fue Colombia.
El estudio mucho más reciente, que da la información de 2019, dice que ese año mataron a 212 personas por proteger sus territorios. 2 tercios de esos crímenes ocurrieron en América Latina, «que ha sido consistentemente clasificado como el conjunto de naciones más perjudicado desde el momento en que Global Witness empezó a divulgar información en 2012», expresó la organización en un aviso de julio de 2020, después de publicar el informe \’Defender el mañana\’. Colombia fue de nuevo reconocido como el país mucho más mortífero para los líderes ambientales tras registrar 64 asesinatos.
El Acuerdo de Escazú: un pacto de esperanza para los líderes ambientales
Múltiples organizaciones, activistas y líderes ambientales en la zona coinciden en que el Acuerdo de Escazú busca realizar frente a este panorama. El pacto fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La asesora de la organización, Alicia Bárcena, dice que este acuerdo es «importantísimo para la zona » y nació como «un pacto con una sociedad que pide una exclusiva forma de organización económica y social «.
Para Graciela Martínez, encargada de campañas para ambientalistas de la oficina regional de Amnistía En todo el mundo (AI), este tratado piensa un «paso histórico», pero «todavía debe recorrer un largo sendero » y «lograr la adhesión de ciertos países muy peligrosos para los ambientalistas como Honduras, Guatemala y Colombia».
El Acuerdo corrió el riesgo de no alcanzar el mínimo de firmas para hacerse oficial, pero en el primer mes del año lo ratificaron en el último momento México y Argentina. Además de estos, asimismo ratificaron el pacto Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
En un artículo de apertura a un especial sobre el Acuerdo de Escazú, con once documentales enfocados en diferentes países del continente , el emprendimiento Tierra de Resistentes destaca que el pacto tiene 4 «pisos mínimos», tal como lo resaltó en 2019 el constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny. El primero busca incrementar la transparencia en temas ambientales, además de esto se propone ofrecer garantías a la participación ciudadana, el tercer «piso mínimo» apunta a la justicia ambiental y, finalmente , se busca establecer “una protección particular a los defensores ambientales”, ha dicho Uprimny.
«¿Qué ocurre si un país, simplemente , no lo desea cumplir?», se pregunta Sergio Silva Numa en este informe de Tierra de Resistentes. Érika Castro, PhD en Ambiente y Ordenación del Territorio e investigadora de la Facultad de Medellín en Colombia, le contesta que “las infracciones se juzgan con la normativa interna de cada país; pero, en términos internacionales , no se creó una jurisdicción ambiental internacional , entonces no se puede conducir a ningún Estado a ninguna corte en caso de incumplimiento”.
Pero pese a este elemento, en numerosos países donde no se ha ratificado el Acuerdo, los detractores aseguran que se podría vulnerar la soberanía.
El Acuerdo de Escazú no fué ratificado en los países donde es mucho más urgente
Brasil encabeza la clasificación de las naciones que mucho más bosques primarios perdieron durante 2020, según un reciente informe de Global Forest Watch, y Perú y Colombia, llenan el quinto y sexto sitio de ese ránking respectivamente. Más allá de ello, ninguno de estos tres países ha suscrito todavía el Acuerdo de Escazú.
«Creemos que hay un lobby empresarial, que nos preocupa, que está suponiendo que este acuerdo les va a impedir proseguir delante con sus actividades , y no deberían verlo de esta manera «, dice Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL.
En un reportaje enfocado en el caso colombiano, el emprendimiento Tierra de Resistentes cuenta que el presidente Iván Duque firmó el acta de compromiso en el contexto de una ola de manifestaciones a finales de 2019. El mandatario emitió una orden de urgencia al Congreso y luego abandonó el emprendimiento , que no ha recibido el respaldo del partido de gobierno ni de las demás agrupaciones de derecha que lideran el legislativo. El reportaje coincide con la afirmación de Bárcena sobre los razonamientos difundidos por el sector empresarial y dice que en Colombia se copiaron los argumentos en contra ahora escuchados en Chile y Perú.
Para los investigadores , el Acuerdo es un punto de partida para comenzar a buscar más garantías para los líderes ambientales y las comunidades mucho más atacables. Pero sin los países más afectados por la crueldad o las prácticas extractivas irresponsables, el pacto va a tardar aún más en mostrar resultados
Con EFE y medios locales